El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de un Real Decreto de regularización extraordinaria de personas extranjeras, una medida con la que el Ejecutivo pretende dar papeles y permiso de trabajo a cerca de medio millón de inmigrantes que ya viven en España.
Según fuentes gubernamentales, el objetivo es “garantizar derechos y aportar seguridad jurídica a una realidad social existente”, desbloqueando una situación que llevaba meses paralizada.
Acuerdo entre PSOE y Podemos
La regularización es fruto de un acuerdo político entre el PSOE y Podemos, que permite recuperar el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de inmigrantes, respaldada por más de 700.000 firmas y cuya tramitación fue aprobada en el Congreso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox.
El Ejecutivo opta por la vía del Real Decreto, lo que evita la necesidad de una convalidación parlamentaria posterior, a diferencia de los reales decretos-ley.
¿Quiénes podrán regularizar su situación?
Según adelantó la eurodiputada de Podemos Irene Montero, podrán acogerse a la medida:
-
Personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025
-
Que puedan acreditar al menos cinco meses de residencia
-
Que no cuenten con antecedentes penales
La residencia podrá demostrarse mediante empadronamiento, pero también con informes médicos, contratos de suministros, certificados de envío de dinero u otros documentos oficiales.
El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de junio.
Permiso provisional y suspensión de expulsiones
Desde el momento en que se presente la solicitud, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso.
La admisión a trámite otorgará una autorización provisional de residencia, que permitirá:
-
Trabajar legalmente
-
Acceder a la sanidad pública
-
Ejercer derechos básicos
Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia de un año, tras la cual podrá solicitarse el permiso ordinario conforme al reglamento de extranjería.
El Gobierno defiende una política migratoria “basada en derechos humanos”
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sostiene que el Real Decreto refuerza el modelo migratorio español, basado en la integración, la convivencia y los derechos humanos, y compatible con el crecimiento económico y la cohesión social.
La fórmula elegida permite al Ejecutivo sortear la falta de apoyos parlamentarios en materia migratoria, especialmente tras el rechazo de Junts a anteriores iniciativas.
Apoyo de Sumar y defensa de Podemos
Sumar, socio del Gobierno, ha respaldado la medida. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró que la regularización supone “un avance hacia una sociedad más justa y democrática”.
Desde Podemos califican la iniciativa como “urgente y de justicia social”, al considerar que mantener a cientos de miles de personas en situación irregular favorece la explotación laboral y la economía sumergida.
La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha subrayado que la regularización demuestra que “se pueden adoptar decisiones sociales relevantes sin pasar por el Congreso”.
PP y Vox cargan contra la regularización
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la iniciativa al considerar que se trata de una “regularización masiva” que podría provocar un “efecto llamada” y tensionar los servicios públicos.
Fuentes del partido advierten del impacto en vivienda, sanidad y educación, y sostienen que la medida “traslada el problema a comunidades autónomas y ayuntamientos”.
Más duro se mostró el líder de Vox, Santiago Abascal, que acusó al Gobierno de promover el efecto llamada y de actuar “por decreto”.
Antecedentes de regularizaciones en España
España ha aprobado ocho procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes desde los años ochenta, impulsados tanto por gobiernos del PSOE como del PP.
El mayor de ellos fue el de 2005, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, que permitió regularizar a cerca de 578.000 personas, vinculando el permiso de residencia a un contrato de trabajo.
La nueva medida se convertiría en una de las mayores regularizaciones migratorias desde entonces.