Una expulsión inminente por motivos migratorios es una medida que puede aplicarse de forma acelerada cuando la administración considera que una persona extranjera no tiene autorización para permanecer en España. Esta situación puede derivar de antecedentes penales, órdenes de expulsión previas o controles policiales.
Frente a una expulsión inminente, debemos actuar con rapidez. El plazo para presentar recursos legales contra la expulsión puede ser muy corto. En ocasiones, la ejecución se produce en 72 horas. Por eso, contar con asistencia jurídica desde el primer momento es vital para frenar el proceso.
¿Qué recursos legales podemos utilizar para frenar la expulsión?
El primer paso es revisar si la orden de expulsión se ha notificado correctamente. Si no lo ha sido, podemos alegar indefensión jurídica y solicitar la suspensión cautelar. También es posible presentar un recurso de alzada o reposición, según el procedimiento que se haya seguido.
Si la expulsión está en fase de ejecución, debemos acudir al juzgado de lo contencioso-administrativo solicitando medidas cautelares. Estas medidas permiten frenar la expulsión mientras el juez analiza el fondo del asunto. La solicitud debe argumentarse con solidez, aportando documentación que demuestre arraigo familiar, laboral o social.
En algunos casos, si la persona tiene hijos menores en España, está embarazada o padece una enfermedad grave, la expulsión podría vulnerar derechos fundamentales. Esto nos permite invocar la protección del derecho a la vida familiar, la salud o la tutela judicial efectiva.
¿Qué documentación debemos presentar para demostrar arraigo y frenar la expulsión?
La base para detener una expulsión urgente es demostrar que la persona está integrada en España. Para eso, debemos aportar certificados de empadronamiento, informes de arraigo social, contratos laborales, certificados médicos, escolares o de convivencia familiar.
También ayudan informes de asociaciones, ONGs, centros educativos y profesionales sanitarios. Toda la documentación debe presentarse junto con el recurso legal, preferiblemente por un abogado experto en extranjeria. Un expediente bien argumentado puede convencer al juez de suspender la medida.
¿Qué hacer si ya estamos detenidos por una orden de expulsión?
Si la persona afectada ha sido detenida, es esencial solicitar un abogado de extranjeria de inmediato. La asistencia legal desde el primer momento garantiza que podamos presentar medidas cautelares y recursos adecuados. Además, el abogado puede requerir acceso al expediente administrativo y revisar si existen defectos de forma.
En los centros de internamiento (CIE), es posible presentar escritos solicitando la suspensión de la expulsión por razones humanitarias o familiares. Si hay hijos menores, enfermedad, o peligro de separación familiar, el juzgado puede dictar la suspensión provisional.
Durante la detención, también puede solicitarse la comparecencia urgente ante el juez para evitar la salida forzosa del territorio. Por eso, cada hora cuenta. La intervención temprana es determinante en este tipo de procedimientos.
¿Qué criterios valoran los jueces para suspender una expulsión urgente?
Los jueces valoran el arraigo efectivo, la antigüedad en el país, la existencia de menores dependientes, la relación de pareja y el cumplimiento de normas. También analizan si existe peligro para el orden público o antecedentes graves.
Si la persona demuestra una conducta estable, colaboración con las autoridades y relaciones familiares consolidadas, las probabilidades de suspensión aumentan. También influye el riesgo de vulnerar derechos fundamentales, como la separación de menores o el acceso a tratamientos médicos.
¿Podemos regularizar la situación si logramos frenar la expulsión?
Sí. Una vez que logramos suspender la ejecución de la expulsión, es posible iniciar trámites de arraigo social, laboral o familiar, según el caso. Para eso, debemos acreditar tres años de estancia en España, tener un contrato de trabajo y demostrar vínculos sólidos.
Durante este proceso, es fundamental mantener la residencia habitual, evitar conflictos legales y aportar nueva documentación que fortalezca nuestra solicitud. El acompañamiento legal adecuado puede transformar una orden de expulsión en una oportunidad de regularización definitiva.