Los países de la Unión Europea pactaron este 8 de diciembre una serie de acuerdos sobre el llamado Reglamento de Retorno, que permitirá la creación de centros en el extranjero para expulsar a migrantes que hayan recibido una orden de expulsión tras el rechazo de su solicitud de asilo.
El Consejo de la Unión Europea ha aprobado este lunes 8 de diciembre de 2025 un amplio paquete normativo con el que ha sido endurecida la política migratoria comunitaria, mediante dos regulaciones clave: la redefinición del concepto de “tercer país seguro” y la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Retornos, que abre la puerta a la instalación de centros de detención y retorno de migrantes fuera de la UE. Esta reforma marca un punto de inflexión en la estrategia de Bruselas para gestionar la migración irregular hacia Europa, en un contexto de presión creciente y debates internos entre los Estados miembros.
Eliminación del requisito de “conexión significativa” para devoluciones
Con la nueva normativa, ha sido eliminada la obligación previa de demostrar una “conexión significativa” entre el migrante rechazado y el país al que sería reenviado. Hasta ahora, ese vínculo debía probarse a través de elementos como nacionalidad, residencia previa o vínculos familiares. En adelante, se permitirá el retorno a un país por el simple hecho de haber sido transitado durante la ruta migratoria hacia Europa, incluso si el migrante no llegó a permanecer allí. También ha quedado habilitada la devolución mediante la existencia de un acuerdo bilateral entre el Estado miembro y la tercera nación. El ministro de Exteriores danés, Rasmus Stoklund, celebró que “el acuerdo permitirá que la UE o uno o más Estados miembros firmen tratados con terceros países para gestionar centros de retorno externos”.
Primera base legal europea para centros de retorno extraterritoriales
La normativa supone la primera base jurídica en la historia de la UE para que se establezcan centros de detención y retorno en países no comunitarios, inspirados en modelos como el acuerdo entre Italia y Albania. Estos centros serán instalados únicamente en Estados donde se garantice el cumplimiento de las normas internacionales en materia de derechos humanos. Las familias y los menores no acompañados quedarán excluidos de estos traslados. Un mecanismo de supervisión europeo —aún por definir— vigilará el respeto de los derechos fundamentales en dichos centros. El Consejo de la UE afirmó que las nuevas normas buscan “agilizar los procedimientos de asilo y hacer más efectiva la gestión de quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión”.
Reformulación del concepto de “tercer país seguro”
La figura del tercer país seguro, utilizada para rechazar solicitudes de asilo sin estudiar su contenido, ha sido ampliada drásticamente. La UE publicó su primera lista de países considerados “seguros”, entre los que se incluyen Colombia, Marruecos, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez. Las personas que recurran una devolución basada en esta figura ya no tendrán derecho automático a permanecer en territorio europeo mientras dure el proceso. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional habían advertido de que la reforma representa “un retroceso en las garantías de protección internacional”, al trasladar la responsabilidad del asilo a terceros países. España, Francia y Portugal votaron en contra, al considerar que el texto “pone en riesgo la coherencia del pacto migratorio” y crea posibles movimientos secundarios entre países con criterios distintos.
Nuevas obligaciones para migrantes en situación irregular
El nuevo Reglamento de Retornos fija una serie de obligaciones para quienes reciban una orden de expulsión, en un contexto en el que tres de cada cuatro migrantes irregulares no abandonan la UE. Entre las nuevas exigencias figuran: presentarse periódicamente ante las autoridades; entregar documentos de identidad o viaje; facilitar datos biométricos obligatorios; y no obstaculizar el proceso de retorno. Las personas que no cooperen podrían enfrentar reducciones de prestaciones, pérdida de permisos de trabajo e incluso sanciones penales, incluidas penas de prisión. Para quienes representen una amenaza a la seguridad, la prohibición de entrada podrá superar los diez años o ser indefinida. Además, será creada la Orden Europea de Retorno (ORE), integrada en el Sistema de Información de Schengen.
Reubicaciones y fondo de solidaridad
También fue aprobado un plan de 21.000 reubicaciones de migrantes desde los países europeos más afectados —especialmente los situados en la ribera mediterránea— hacia Estados miembros con menor presión migratoria. El nuevo fondo de solidaridad, dotado con 420 millones de euros, apoyará a los países con más llegadas. Aunque la cifra queda por debajo de la propuesta de Bruselas (600 millones y 30.000 reubicaciones), se considera un avance dentro del complejo equilibrio interno de la UE. Se ha establecido que algunos Estados, como Austria, Chequia, Polonia o Estonia, podrán solicitar la deducción parcial o total de sus aportes debido a la acumulación histórica de presión migratoria.
